Secreto bancario suizo: lo que protege cuando vive en Suiza

¿Qué protege hoy el secreto bancario suizo?

La Ley federal sobre los bancos (LB, art. 47) convierte la confidencialidad de los datos del cliente en una obligación cuya violación se sanciona penalmente. Un empleado bancario que divulga información sobre un cliente a un tercero no autorizado comete una infracción. Esta protección vale frente a terceros privados: empleador, competidor, vecino, periodista o cualquier persona que no tenga un título legal para obtener la información.

La obligación alcanza, entre otros, a los órganos, empleados, mandatarios y liquidadores de un banco, y se mantiene después del fin de su empleo. En cambio, cede ante las disposiciones federales y cantonales que obligan a informar a una autoridad o a declarar en un juicio (LB, art. 47, apdos. 4 y 5).

El secreto bancario y sus impuestos en Suiza

Si vive en Suiza, la tributación se basa ante todo en su declaración de impuestos. Debe cumplimentarla de forma veraz y completa (art. 124 de la LIFD, la Ley federal del impuesto federal directo) y adjuntar, entre otras cosas, el estado completo de sus valores y créditos (art. 125). Las entidades que custodian sus activos le entregan los certificados escritos necesarios (art. 127, apdo. 1). Si tributa en la fuente, se aplican reglas particulares: un asesor fiscal le dirá si debe presentar una declaración y cuándo.

Si no presenta esos certificados pese a un requerimiento, la autoridad fiscal puede exigirlos directamente a la entidad, quedando a salvo el secreto profesional protegido por la ley (art. 127, apdo. 2). El alcance de esta reserva, y los procedimientos en los que una autoridad puede obtener información bancaria, corresponden a un asesor fiscal o a un abogado.

En todos los casos, la confidencialidad bancaria no modifica en nada su obligación de declarar el conjunto de sus activos.

Sus cuentas en el extranjero y el intercambio automático de información

Suiza aplica el intercambio automático de información en materia fiscal, regulado por la Ley federal de 18 de diciembre de 2015 sobre el intercambio internacional automático de información en materia fiscal (LEAR). Funciona en ambos sentidos.

• Las entidades suizas transmiten cada año a la Administración Federal de Contribuciones (AFC) la información sobre las cuentas de personas con residencia fiscal en un Estado socio (LEAR, art. 15); la AFC la transmite después a las autoridades de ese Estado.
• En sentido inverso, los Estados socios transmiten a Suiza la información sobre las cuentas que personas domiciliadas en Suiza poseen en ellos. Según la AFC, las autoridades fiscales cantonales pueden así verificar si los contribuyentes han declarado correctamente sus cuentas en el extranjero.

Si se instala en Suiza, su residencia fiscal cambia. Al abrir una cuenta, una entidad suiza le pide una autocertificación de su residencia fiscal; salvo excepciones previstas por la ley, no puede abrir la cuenta sin ella (LEAR, art. 11). Si su situación cambia después, por ejemplo con una partida a otro país, debe comunicarle los nuevos datos (art. 18). Las entidades de su país anterior aplican sus propias reglas: infórmelas también de su cambio de residencia.

Confidencialidad no significa anonimato

La Ley federal sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBA) obliga a cada intermediario financiero a verificar la identidad del cliente e identificar al beneficiario efectivo (art. 3 y 4), a identificar el objeto y la finalidad de la relación, a aclarar los antecedentes de una operación o de una relación en los casos previstos por la ley (art. 6) y a informar a la Oficina de Comunicación en materia de Blanqueo de Capitales en caso de sospecha fundada (art. 9).

Estas obligaciones explican la cantidad de documentos que se piden al abrir una relación. Se aplican a cada entidad y a cada cliente: las preguntas derivan de la ley y no reflejan desconfianza hacia usted.

Lo que la confidencialidad sigue aportando en concreto

• Una protección frente al acceso de terceros privados a la estructura y a la cuantía de su patrimonio.
• Un tratamiento de los datos regulado por la ley, con vías de recurso en caso de incumplimiento.
• Una discreción útil en situaciones familiares delicadas o cuando la exposición de su patrimonio supondría un riesgo personal, salvo en los casos en que la ley permite a una autoridad o a un tribunal obtener la información.

¿Qué preguntas plantear a una entidad sobre la confidencialidad?

El marco legal es el mismo para todas las entidades. Su organización difiere, y puede preguntar por ella en un primer contacto.

• ¿Dónde se alojan mis datos?
• ¿Qué proveedores externos tienen acceso a ellos, y para qué tareas?
• ¿Cómo se controlan los accesos internos a mi expediente?
• ¿Cómo se me informará si un incidente afecta a mis datos?
• ¿Por qué canales podemos comunicarnos de forma segura?

Las respuestas se refieren a la organización de la entidad, no al derecho. Planteadas a cada interlocutor, le permiten comparar entidades en un punto concreto.